La agresión en contra de Alejandro Patrón, el Reportero Urbano, es el primer caso judicializado luego de presentarse la ley de protección a periodistas en la entidad.
La Paz, Baja California Sur.- El pasado 12 de febrero, el comunicador Alejandro Patrón Alvarez, realizaba una cobertura informativa de un accidente automovilístico en la comunidad de San Antonio y San Bartolo, a la altura del kilómetro 153. Ahí el Reportero Urbano, nombre comercial que utiliza en sus redes sociales fue agredido por un civil identificado como Ancar Antonio “N”.
De acuerdo a un video publicado por este medio de comunicación, el presunto agresor se acercó y lanzó un golpe con su puño al rostro del comunicador. Información obtenida por este medio de comunicación revela que la molestia y motivo que habría originado la agresión se trató de un supuesto lucro con la necesidad, incluso se calificó como amarillismo la cobertura informativa de grabar a través de una grabación en video el accidente de tránsito.
Video: Alejandro Patrón es agredido
Alejandro Patrón cayó de manera inmediata al piso, luego de recibir un golpe en el rostro.
Por lo antes descrito el comunicador presentó una denuncia penal a través de su representantes legales; Licenciado José Luis Ramírez Tapia y Miguel Ángel Escobosa Galindo, Despacho Escobosa Abogado Corporativo y Abogados Asociados, ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur (PGJE) que lleva el folio LPZ/851/2023/NUC
De acuerdo a un comunicado presentado por el Congreso local se informo en el 16 de noviembre del 2022, que el Código Penal de Baja California Sur, fue reformado, un mes posterior en el Diario Oficial se publicaron dos capitulos denominados “De la Libertas de expresión” y “Delitos contra medios de comunicación hy periodistas”. Se castiga con prisión de dos a cuatro años y multa de 500 mil días a quien inhiba o censure la libre manifestación de las ideas de cualquier persona, incluyendo defensores de derechos humanos y periodistas.
La iniciativa surgió a causa de una necesidad en la entidad, proteger a los comunicadores y periodistas que se encuentran vulnerables y podrían ser agredidos, amenazados y asesinados por ejercer su derecho a ejercer un trabajo, asimismo un derecho humano; Libertad de expresión. Gerardo Zuñiga Pacheco presentó dicha iniciativa luego de realizar foros y mesas de trabajo con periodistas en la entidad.
La ley no solo favorece a periodistas y trabajadores de la comunicación, sino al resto de la sociedad, porque también pueden denunciar a cualquier persona que pretenda inhibir el derecho de pensamiento o ejercer la libertad de expresión. La sanción se establece con una pena de 2 a 4 años de prisión y una multa de hasta 160 mil pesos.
A petición de periodistas se modificó el título 29 y el artículo 402, quedaron en un título 28 y artículo 400, es decir se modificó sólo los números de título y artículo sin modificaciones penales o de redacción de norma jurídica propuesta.
El artículo 144 quedó; “Circunstancias calificativas. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria o cuando se cometan en contra de periodistas en los términos que se precisan”.
El presunto responsable de la agresión Ancar Antonio “N” fue vinculado a proceso por la agresión en contra del comunicador Alejandro Patrón, por la Juez Lucía Loredo, quien fijó un plazo de cuatro meses para qué el agente del Ministerio Público, Luz Angelica Loa Vega, continúe con la investigación complementaria. En ese periodo se podría llegar a un acuerdo reparatorio a través de una medida de Justicia Alternativa, siempre y cuando el ofendido se encuentre en esa disposición. Será la figura de un facilitador quien podría llevar las mesas de negociación y ayudar a presentar a través del juez lo antes mencionado. En caso de que no se concilie, la investigación continuará y quedaría en manos de la autoridad judicial celebrar un juicio y emitir un fallo una vez que se agoten todos los tiempos establecidos por la ley.
Esta vinculación a proceso es el primer caso en el que se judicializa una agresión a un comunicador en la entidad, a través de una ley que fue presentada por periodistas que han presumido que no existen condiciones para ejercer su oficio.
