“No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos”, puntualizó Zaldívar.
Incluso, el ministro Luis María Aguilar también apoyó la propuesta para declarar inconstitucional la “Ley Bonilla” pues no existe una razón para justificar la ampliación de mandato de Bonilla como gobernador.
“Todos conocemos el contexto de la no reelección. La prohibición de no reelección prevalece para el poder Ejecutivo Federal y local. Insisto, prorrogar el periodo de un mandato para un cargo ya elegido implica pretender impedir una verdadera contienda y se convertiría en una reelección disfrazada, ignorando y despreciado por el pueblo elector, permitirlo sería una simulación”, expuso Aguilar Morales.
Tras revisar la procedencia de las impugnaciones, el ministro Fernando Franco presentó ante el pleno de ministros su proyecto de sentencia y expuso que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá puntualizó que la llamada Ley Bonilla atropella el derecho al voto de la ciudadanía, pues busca modificar las condiciones mediante las cuales se expresó la voluntad del electoral.
Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la reforma que amplió el mandato al actual gobierno de Baja California es inconstitucional y se sumó a la propuesta de Franco González Salas pues, dijo, el sistema democrático quedaría lesionado de dar la razón a Bonilla.
Incluso la ministra Yasmín Esquivel, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador también consideró que la “Ley Bonilla” es inconstitucional al considerar que viola el que las leyes electorales deben publicarse antes de un proceso electoral.
“No se debe alterar la ley ni violar la voluntad popular. La ciudadanía eligió un gobernador por dos años. Después, los legisladores ampliaron el mandato. Cualquier modificación debe ser previa al proceso electoral”, dijo Esquivel Mossa
La ministra Norma Piña consideró que cuando un poder público como el Congreso de Baja California violenta los principios de la Constitución y los derechos de la ciudadanía pues “nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra la Carta Magna. Este abuso de poder es una seria amenaza para nuestra vida democrática”.
El octavo voto, con el que se alcanzó la mayoría necesaria para echar atrás la reforma con la que benefició a Jaime Bonilla, fue el de Javier Laynez quien destacó que se violó el artículo 105 de la Constitución pues la reforma de ampliación e mandato fue posterior al proceso electoral.
Los últimos ministros en emitir sus posturas fueron Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán quienes, al igual que el resto de los integrantes de la Suprema Corte externaron su reconocimiento al proyecto realizado por Fernando Franco.
