Por Arturo Rubio Ruiz
Esta semana concluye -finalmente- la permanencia en la presidencia del poder judicial estatal, de quien se mantuvo en el encargo dos sexenios, tras ser inconstitucionalmente reelecto de manera continua e ininterrumpida por cuatro periodos de tres años cada uno.
Finalmente se retira de la presidencia quien fuera nombrado magistrado judicial sin tener mayor mérito para ello que el haberse desempeñado como abogado del entonces gobernador del Estado, y tan pronto fue nombrado magistrado, se apoderó de la presidencia en una especie de golpe de estado, para aferrarse a ella y permanecer en ella casi doce años, con la complacencia del congreso local.
En su informe de despedida presumió haber modernizado al poder judicial, cuando en realidad nuestro sistema de administración de justicia estatal presenta un retraso de 8 años por debajo de la media nacional.
Los lectores de discos de acetato CD/DVD se dejaron de incorporar a los equipos de cómputo de línea desde 2015, y a la fecha, las copias de audio/video de las audiencias judiciales se expiden en ese formato, totalmente obsoleto, que obliga a los usuarios a comprar un lector externo para poder acceder a la información que contienen.
Las audiencias penales de procesos en los cuales los procesados se encuentran privados de su libertad resultan muy costosas y en muchos casos, de alto riesgo, por la logística que implica su traslado desde los centros carcelarios a los recintos judiciales.
En muchos casos, los reos internos en San José del Cabo, son trasladados hasta La Paz, cuando las audiencias bien podrían realizarse en forma remota. Cada centro carcelario estatal cuenta con espacios adecuados y suficientes como para llevar a cabo hasta cinco audiencias remotas simultáneamente, pero el Poder Judicial se niega sistemáticamente a aportar el equipamiento electrónico necesario para habilitar los recintos, pese a que normativamente les corresponde absorber ese gasto.
En consecuencia, en lugar de llevar a cabo un promedio viable de veinte audiencias en forma remota por día, solamente se llevan a cabo una o dos, con el consecuente retraso procesal; lo que se traducen en un elevado costo en manutención de internos y detrimento de la libertad personal de muchos procesados cuyas causas penales se prolongan innecesariamente, debido a que el presidente saliente del Tribunal se ha negado sistemáticamente a instalar el equipamiento electrónico de las salas de audiencia remota en los centros penitenciarios de la entidad.
Habla de modernidad, pero lo cierto es que las pocas audiencias que en forma remota se llevan a cabo, presentan muchas fallas de conectividad, porque el personal del Tribunal se cuelga de la red a cargo de la Procuraduría de Justicia. En otras palabras, ni siquiera tienen servicio de internet propio en los centros de justicia penal. ¿Dónde está la modernidad de que presume?
También se jacta de haber creado el Consejo de la Judicatura, pero ese consejo, y la carabina de Ambrosio es lo mismo, pues se trata de un apéndice caro, inútil, ostentoso y decorativo.
El llamado consejo de la judicatura se integra por un consejero nombrado por el gobernador, un representante ciudadano nombrado por el Congreso, un representante de los magistrados, nombrado por el pleno, y un “representante” de los jueces, no electo por los jueces, que también es nombrado por el pleno, y dicho consejo se ubica también bajo el control del presidente del Tribunal.
Es una simulación su integración pues los jueces carecen de auténtica representación, y para colmo, las facultades y atribuciones de dicho consejo, no están del todo claro, por lo que sus “acuerdos” se emiten de manera “conjunta” con el Pleno del Tribunal. En pocas palabras, el Consejo de la judicatura es una costosa simulación que aglutina a cinco becarios firmantes de acuerdos que toma el Pleno del Tribunal.
A lo largo de los dos sexenios en el poder, el saliente presidente incorporó a las filas laborales del Tribunal a un significativo número de parientes y amigos.
Si se traza una línea vinculante por parentesco entre toda la plantilla laboral, aparece una impresionante red que domina las áreas administrativas, en particular las relacionadas con el manejo de los recursos. En otras palabras el nepotismo y el amiguismo han sido la constante en las designaciones de encargos al interior del poder judicial estatal.
La joya de la corona es el multi millonario fondo auxiliar para la administración de justicia, que se integra con depósitos, garantías, fianzas, remates, pagos de multas, sustitutivos económicos de las penas, copias y otros haberes que discrecionalmente y sin ser auditado por el Congreso, maneja desde el pleno, la presidencia del Tribunal.
Junto a la opacidad en el manejo de este cuantioso botín, la falta de transparencia es la constante en el quehacer judicial, pues pese a estar previsto en la norma (art 93 LOPJBCS) que las sesiones del pleno serán públicas, con el presidente saliente se realizaron siempre a puerta cerrada.
Otro tema digno de señalamiento es la ilegalidad con que se administra justicia por una cuarteta de secretarios en funciones de jueces, que emiten resoluciones sin contar con el nombramiento para ello, incurriendo potencialmente en actos viciados de nulidad plena. Tema delicado que será materia de apunte por separado.
Se vislumbra un nuevo rumbo en la administración de justicia, termina el cacicazgo, esperamos una etapa de transparencia y honestidad en el devenir del ejercicio de la administración de justicia en la entidad.
