Artículo de opinión por Arturo Rubio
Arturo Rubio, abogado penalista analiza cómo fue la elección del Presidente del Tribunal de Justicia en el estado. Asegura que esta designación violentó la constitución con tal de mantener el control del poder jurídico.
Pese a que la Constitución estatal establece la alternancia de género en la presidencia del Tribunal estatal de justicia, (Art. 95) en sesión secreta celebrada el 11 de abril del año en curso, el pleno, integrado por dos mujeres y cinco hombres, por unanimidad (7 a 0) eligieron a un magistrado como presidente, cuando la designación debería haber recaído en una de las magistradas que integran el pleno.
Esta decisión es un reflejo de la forma vertical en que se ejerce el poder al seno del órgano encargado de administrar justicia en el Estado, donde violar la Constitución no es inconveniente con tal de mantener el control interno del aparato judicial, y sobre todo, del manejo discrecional y sin auditoría externa, del multimillonario botín que implica el llamado Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que se integra con los depósitos, pensiones, pago de multas, fianzas, pago de copias y demás haberes que recauda el Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
El poder por el poder mismo, y mantenerlo hasta el último momento durante el encargo público, es lo que hace de la administración publica una herramienta de control político y de protección a intereses de grupo, y ha quedado demostrado que para alcanzar sus objetivos, el violar la Constitución no es un obstáculo.
Mi abuelo materno, que era el epítome del machismo recalcitrante, decía: “Si uno quiere y ellas se dejan…”, y el adagio se aplica en este caso. Ellos quisieron y ellas se dejaron. Las propias magistradas votaron a favor de violar la constitución en contra de la alternancia de género en la presidencia del Tribunal.
Ante el atropello a su derecho a ser electas, callaron, se agacharon, se hicieron de lado, se sometieron. Ante este triste espectáculo de mujeres sumisas y abnegadas, resulta imposible no evocar aquella frase sacramental: “me pega, pero es por mi bien”.
¿Realmente creen ustedes que alguno de estos siete magistrados al impartir justicia, lo hace con “perspectiva de género”, que en sus resoluciones aplican la equidad de género, la progresividad en los derechos humanos, que hacen valer la interpretación pro persona?
El mensaje que envía el poder judicial al ejecutivo estatal es contundente: Sigan gastando millones de pesos en su ridícula campaña “parale a la violencia”, cuando está claro que desde el seno de la institución encargada de administrar justicia, la igualdad, la equidad, la perspectiva de género la alternancia, son letra muerta cuando se trata de sostenerse en el poder.
Resulta vergonzoso el sometimiento y la pasividad de las dos magistradas integrantes del pleno, pero resulta más ofensivo el silencio ominoso de los 21 diputados locales, que constituidos en Congreso local, son los garantes de la constitucionalidad del ejercicio público.
Ninguno de los 21 diputados ha repudiado la flagrante violación constitucional en que incurrió el pleno, al violentar la alternancia de género al elegir presidente.
Se violó la Constitución, es más, específicamente se violó el artículo que esta legislatura reformó y cacareó como un gran avance progresista al imponer la alternancia de género. Ni por que ellos aprobaron dicha reforma, salen en su defensa.
Eso nos dice que nuestros representantes populares no lo son tanto, y se encuentran sometidos, limitados, disciplinados a la voz de mando que también de manera vertical ejerce el poder al seno del poder legislativo. Si ellos que son los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución, también callan como momias, pues es claro que en Baja California Sur la democracia es un mito.
Otro silencio que indigna es el de los litigantes. A nadie parece importarle la legalidad y el Estado de derecho en la entidad. Lejos de cuestionar el actuar inconstitucional del pleno del Tribunal, la organización de abogados que aglutina mayoritariamente a empleados del gobierno publicó de inmediato en redes una calurosa felicitación al presidente electo, de quien presumieron además, es integrante de dicha organización.
Y el silencio más sorprendente es el de las feministas. Ni las integrantes del grupo más radical han salido a cuestionar el tema. Seguro que saldrán a pintarrajear paredes y a romper cristales mientras gritan consignas, pero eso será hasta el 08 de marzo. Falta mucho para esa fecha.
Así las cosas, el silencio que se vuelve cómplice, es el manto protector de la impunidad con que se viola la Constitución en aras de mantenerse en el poder. La legalidad, la equidad, la igualdad, la perspectiva de género seguirán siendo arengas rentables en el discurso político, nada más.
