Artículo de opinión / Por Arturo Rubio
El abogado Arturo Rubio, analiza el debate que existe y la resistencia por la no actualización del transporte público, un servicio de vital importancia en la ciudad capital que maneja dos versiones y posturas.
Desde 2019, la movilidad en México, -entendida como el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías en un espacio y tiempo específico-, es considerada como un derecho humano, reconocido y tutelado constitucionalmente y regulado en la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial cuyo objetivo central es que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad, igualdad de oportunidades, para lo cual, es indispensable que el transporte público sea eficiente, funcional, accesible, dinámico, ecológico, incluyente, cómodo y seguro.
Dista mucho la expectativa que genera el análisis del marco normativo en cita, de la cotidiana realidad que se vive en la ciudad de La Paz, la capital del Estado de la República con más vehículos de motor por habitante, donde el servicio de transporte público de pasajeros en manos de una veintena de organizaciones de concesionarios que gozan de la aprobación oficial de 74 rutas, de las cuales explotan a su exclusiva conveniencia únicamente 32 de ellas, la mayoría de las cuales se superponen y generan una deficiencia en el servicio al usuario, que se ve obligado a utilizar dos o tres transportes para llegar a destino, cuando su trayecto pudiera realizarse en un solo recorrido, lo que implica un excesivo costo por servicio, y largos periodos de espera para el usuario.
Este caótico programa infuncional es brindado por unidades viejas, muchas de ellas en pésimas condiciones de operación y mantenimiento, de poca capacidad, sin adminículos mínimos de seguridad y comodidad, como superficie antiderrapante en piso, cinturones de seguridad, asientos ergonométricos, aire acondicionado, aislante acústico y otras características que resultan indispensables para brindar un viaje seguro y confortable. Las personas con capacidades disminuidas están impedidas literalmente, para utilizar el servicio de transporte público que se brinda en la municipalidad.
Los usuarios carecen de un seguro de viajero que en la práctica sea aplicable, y no existe un control sobre la capacidad, profesionalismo, identidad y evaluabilidad de cada conductor, lo que se traduce en inseguridad para el usuario.
La mayoría de las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros, son altamente contaminantes, por la excesiva emisión de gases, al utilizar combustible pétreo y carecer del mantenimiento adecuado. El grueso de la flota vehicular rebasa en su antigüedad los 10 años, y un segmento importante lo componen unidades con 40 o más años de haber sido desechadas para el transporte público en la unión americana, y que fueron internadas y “adaptadas” en nuestra entidad.
Periódicamente se habla de renovar y modernizar la flota de unidades destinadas al transporte de pasajeros, cada campaña electoral incluye esta cantaleta, pero al final lo único que sucede es que solo se beneficia al reducido grupo de concesionarios que se aglutinan en su organización, y todos los ejercicios de financiamiento público se han utilizado para privilegiar a ese selecto grupo cuya dirigencia se jacta de serle indispensable al gobierno municipal en turno, pues como ellos dicen “los necesitan para el acarreo”.
Este círculo vicioso tiene un alto costo social en movilidad, y afecta gravemente la economía y la seguridad de los usuarios cautivos del transporte público, de manera directa, y a todos los usuarios de las vías de comunicación de manera indirecta, porque ante los altos costos que implica el uso del transporte público, es preferible comprar aunque sea un chocolate, incrementándose con ello la ya de por sí elevada cauda vehicular en las cada vez más prolongadas horas pico-tráfico en la capital del Estado.
Este problema, lejos de solucionarse, se agravó al inicio de la presente administración, al quedar al frente del área de movilidad un improvisado en la materia, que sin mediar un estudio serio del impacto que su proyecto bicicletero ocasionaría, generó un grave trastorno a la vialidad urbana al colocar ciclovías de manera anárquica, buscando fomentar el uso de bicicletas, pero sin la planeación adecuada el proyecto fue un fracaso que afecta a la movilidad y prácticamente no beneficia a ningún sector específico.
La toma de decisiones a partir de ignorar a los expertos y guiarse por ocurrencias que serían graciosas si no fueran tan costosas, llevó al extremo de poner reductores de velocidad en una importante arteria, “para proteger a quienes cruzaban la arteria bajo el puente peatonal”.
Para nuestra fortuna, después de tanto descalabro, la actual administración municipal hizo caso a la demanda que desde la sociedad civil organizada implementamos, y finalmente se ha escuchado a los expertos, y tenemos ya en este municipio la posibilidad de acceder al siglo XXI en materia de movilidad, gracias al proyecto integral de modernización del servicio, a través de la actualización, armonización y adecuación del Reglamento del Sistema Municipal de Transporte de La Paz, Baja California Sur, y la implementación de un programa de modernización del sistema municipal de trasporte.
El objeto central es modernizar el servicio, mediante:
A) Reorganización y actualización de rutas, para brindar al usuario una red funcional que le permita ahorrar en tiempo y costo.
B) Modernización de la flota vehicular, con unidades de mayor capacidad de pasajeros, de baja emisión, accesibles a personas de capacidad disminuida, cómodas, seguras, funcionales, operadas por conductores profesionales, capacitados, certificados y constantemente evaluados.
C) Pago por km. Que el usuario pague por distancia y no por ascenso, mediante un sistema de pago electrónico, vía QR o similar, que haga más fluido el abordaje, y brinde certeza en el cobro, evitando que el conductor realice esta operación. Así habrá seguridad y transparencia en la concentración de los recursos en las cuentas del fideicomiso maestro.
D) Certeza jurídica. A través del fideicomiso y la aplicación de la normatividad aplicable.
Todos los recursos serán concentrados, administrados y aplicados mediante un fideicomiso público, integrado por el Ayuntamiento (fideicomitente), a través de una institución bancaria (fiduciaria) y los prestadores del servicio que se adhieran al programa como concesionarios directos o particulares asociados en participación (fideicomisarios).
En este apartado es indispensable el ejercicio de contraloría ciudadana, para lo cual es importante que se exija absoluta transparencia en el manejo de todos los recursos involucrados en el proyecto.
La clave de todo este ambicioso programa es la participación de inversores privados, liberando así al municipio de la pesada carga que tradicionalmente ha implicado el financiar a los concesionarios con recursos públicos.
A través de un sistema de adhesión serán empresas particulares en asociación con los concesionarios interesados en participar, quienes brindarán el servicio, operarán las rutas y como inversores privados, aportarán la infraestructura necesaria para el mantenimiento de las unidades, que deberán ser modernas, de baja emisión, de gran capacidad, cómodas incluyentes, silenciosas y seguras.
Tendrán a su cargo la contratación, capacitación y certificación de los operadores, que deberán contar con salarios y jornadas ajustadas a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.
Existen al menos dos empresas mexicanas interesadas en participar bajo este esquema, y potencialmente se cuenta con 60 autobuses para arrancar el programa.
Esta semana el cabildo deberá decidir si arribamos al siglo XXI en materia de movilidad urbana en el capítulo del servicio de transporte público de pasajeros, o continuamos siendo reos de la cúpula acaparadora que se escuda en el privilegio de saberse “indispensables” en el “acarreo” con fines electorales.
