Artículo de opinión || David Moyrón
Ante la intervención directa y patética del Gobernador del Estado sobre un poder independiente, libre y soberano como debe ser el Congreso de nuestro Estado, ha dejado la sensación de que el tiempo para esta ha terminado de manera adelantada, que se han quedado en el tintero algunas tareas de la actual legislatura ante una supuesta incertidumbre legal que quizás solo pueda esclarecerse hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie; no es que la situación no sea clara, solo fueron enmarañadas por el Gobernador al perder la mayoría para tratar de mantener el control.
Entre las tareas a retomar para la XVI Legislatura está primordialmente seguir reconociendo y ampliando los derechos de las personas.
El Congreso debe mantenerse como una figura que haga valer su contrapeso al poder ejecutivo, sea éste del origen del partido que sea. Sobre esta situación hay deplorables ejemplos en la historia parlamentaria del Estado, necesitamos una legislatura que sea el nuevo ejemplo a las siguientes generaciones.
Se debe garantizar la profundización de todos los esquemas de transparencia y rendición de cuentas de cualquier instancia de gobierno, especialmente la del mismo Congreso, pues se debe ampliar la información que por obligatoriedad de la ley de Transparencia tiene que estar en su sitio web. Así mismo, crear los instrumentos para que el derecho a la información sea exigible y se corrija la actual simulación.
El Congreso debe mantenerse como un espacio de revisión y readecuación del Presupuesto. Se necesita una revisión de las formulas para repartir el presupuesto entre municipios organismos descentralizados, los primero para atender la cada vez mas profunda crisis del agua y servicios públicos y de los organismos garantizarles mayores recursos para su optima atención al público.
Debe mantenerse como garante de la fiscalización de las cuentas públicas de todos los entes de gobierno y de los distintos poderes públicos. La certeza del buen uso de los recursos públicos y la sanción de quienes hagan mal uso de los mismo es una exigencia del pueblo de Baja California Sur que parece inalcanzable. Actualmente el Gobernador quiere imponer al depuesto encargado de la Auditoria Superior del Estado. Es la desvergüenza de la perdida de las formas y del fondo para que se le prueben al gobernador sus cuentas chuecas.
Debe profundizar la austeridad en su ejercicio presupuestal, garantizando el cumplimiento a la Ley de Austeridad, y a la de Remuneración de los servidores públicos en el estado de Baja California Sur. En el caso de esta última se deberá vigilar su cumplimiento por parte de los demás poderes, y las sanciones a que haya lugar en caso de no hacerlo. En el Congreso del Estado deben desaparecer los inmorales bonos de más de 500 mil pesos mensuales para Diputados, así como la adquisición de pasajes aéreos hacia el extranjero.
Se deberá revisar la integración del propio órgano buscando modificar la relación entre los Congresistas electos por la vía de mayoría y aquellos cuyo origen sea la representación proporcional. El congreso deberá integrarse en una proporción de 2/3 de mayoría y 1/3 de representación proporcional.
El Congreso deberá fortalecer sus responsabilidades de control de los distintos poderes, para lo cual deberá de desaparecer el vacío legal actualmente existente que posibilita al Gobernador dejar de publicar las leyes y decretos aprobados por el Congreso, en caso de no estar de acuerdo con los mismos. Ello no interferirá en su legal derecho a presentar observaciones dentro del plazo legal y dándoles el trámite correspondiente.
El Congreso deberá seguir manteniendo el respaldo y aprobación de las leyes federales impulsadas por la Cuarta Transformación para profundizar el bienestar social de nuestro estado.
El Congreso deberá homologar las disposiciones locales conforme los cambios nacionales en materia de impartición y procuración de justicia: deberá impulsarse la instauración de la figura del Fiscal, en lugar del procurador, así como del resto de las figuras aún pendientes tales como el fiscal anticorrupción y el fiscal contra delitos electorales.
Deberá mantener su apertura hacia la sociedad impulsando las medidas tendientes a aprobar la revocación de mandato, urgentes y necesarias a partir de haberse aprobado los mecanismos de reelección.
Finalmente, quien llegue al Congreso, deberá poner al servicio de la sociedad organizada dicho espacio construyendo mecanismos en que se acepte que ésta pueda mantener de forma permanente la comunicación y la exigencia respecto sus demandas e intereses.
