La investigación indica un posible lavado de dinero del equipo de fútbol mexicano Cruz Azul. Ademas podría ser desafiliado de la Liga MX.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, sus presidente Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el ex directivo Víctor Garcés Rojo, por una investigación de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, el organismo a cargo de Santiago Nieto presentó desde la semana pasada una querella ante la Fiscalía General de la República contra los Álvarez y Garcés, por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y compra de inmuebles en Estados Unidos. En este caso, no denunció a la cementera.
Conforme a fuentes ministeriales, las acciones de la UIF se basan en las denuncias que en abril de 2019 los disidentes de la cooperativa presentaron ante la FGR contra los hermanos Álvarez y Garcés, por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos mexicanos, equivalentes a $8.65 millones de dólares.
La querella del organismo hacendario le atribuye a Guillermo Álvarez la compra de siete inmuebles en Estados Unidos -cuatro en Miami, dos en Oklahoma y una en Nevada-, así como depósitos a una empresa con recursos de la cooperativa.
Fuentes allegadas a la cementera dijeron que ninguna de las casas es propiedad del directivo y que se trata de homónimos cuya identidad no fue debidamente verificada.
Al mismo tiempo, precisaron que las transferencias cuestionadas corresponden a depósitos en favor de la empresa alemana Thyssenkrupp, por servicios relacionados con los hornos de cemento.
“Esta medida tomada por la UIF, en medio pandemia, dejará sin comer a 900 cooperativistas y 10 mil familias que viven de la cooperativa”, dijo una fuente allegada a la empresa que pidió el anonimato.
Un allegado a la directiva aseguró que el disidente Víctor Velázquez Rangel ofreció resolver este problema legal, a cambio de que Guillermo Álvarez renunciara a la presidencia y abandonara en definitiva la cooperativa.
Conforme a los datos obtenidos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR solicitó en dos ocasiones a un juez de control ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la entrega de los informes financieros de los Álvarez y Garcés.
En ambas, el juez rechazó autorizar la apertura del secreto bancario y la última vez argumentó que la SEIDF no era competente para tramitar una investigación por lavado de dinero.
Es por ello que hace un par de meses la indagatoria fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que sí tiene competencia legal este tipo de delitos.
Es también por ese motivo que se le dio parte a la UIF, autoridad que hace unos días presentó su querella y pidió a la FGR asegurar las cuentas de ahorro, de cheques y contratos de inversión de los denunciados.
De acuerdo con informes recabados, hasta el momento la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha girado una orden para inmovilizar los recursos de los hermanos Álvarez y Garcés. El dinero está bloqueado sólo por la UIF
