El Gobierno del estado de Baja California Sur, solicitó reservar por cinco años la información respecto a la auditoría del ex gobernador Carlos Mendoza Davis.
Luego de que Alianza Media, conformada por; Metrópoli Mx, Tres Seis Cinco MX y el Forjador, solicitaran a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el curriculum y nombre de la empresa contratada para realizar la auditoría a la anterior administración estatal, encabezada por el ex gobernador panista Carlos Mendoza Davís.
La solicitud con folio 030075821000039 recibió una respuesta en tiempo y forma por parte del director de vinculación con entidades públicas y privadas de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como un oficio del subsecretario de egreso de la Secretaría de Finanzas y Administración, José Saúl González Núñez, entregando la respuesta. Además de un acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, entregada por el director de Recursos Humanos, Joel Gutiérrez Orci.
Las personas antes mencionadas informaron en su escrito que reservarian por un periodo de cinco años la información. Bajo el argumento de ser un tema de seguridad nacional. Lo cual representa una violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Alianza Media, presentó un recurso de impugnación ante la autoridad bajo el número de folio RR-I/256/202.
Las pruebas presentadas fueron admitidas, toda vez que el recurso de revisión fue presentando en tiempo y forma en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración, después de que se negara a entregar el nombre del proveedor, el currículo y el contrato para la realización de las auditorías, bajo el argumento de que “era información reservada”.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI), otorgó un plazo de cinco días a la Secretaría de Finanzas y Administración para que entregue la información del proveedor que realizará la auditoría del ex gobernador Carlos Mendoza Davis.
El pleno del consejo del ITAI, resuelva mediante un juicio si es procedente reservar o clasificar como confidencial la información solicitada.
Este caso podría evidenciar la hipótesis expuesta por este medio de comunicación. Un pacto de impunidad entre el ex gobernador Carlos Mendoza Davis y el actual, Víctor Manuel Castro Cosío.
